Las organizaciones y las personas firmantes expresan su oposición absoluta y categórica a las instrucciones del presidente Nayib Bukele conocidas el pasado 26 de abril, dirigidas a policías y militares autorizando a que utilicen la fuerza letal en “defensa propia” o “de la vida de los salvadoreños”. Estas, en la práctica, son un llamado a hacer “justicia” por su mano y representan un grave peligro ya que pueden incrementar las violaciones al derecho a la vida y a la integridad física de las personas.
Hay que recordar que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), desde mucho antes de la pandemia del Covid-19, tienen varias acusaciones por graves atropellos a la dignidad humana, independientemente si sus víctimas pertenecían o no a pandillas; muchos de esos hechos han quedado en la impunidad.
Además, cabe señalar que en el marco de la pandemia, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos han estado a la orden del día. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre el 21 de marzo y el 22 de abril ya registraba 778 denuncias contra el Estado; particularmente, contra integrantes de la PNC y la FAES por acciones en contra de la libertad, la dignidad y la integridad de las personas. Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido más de veinte resoluciones en favor de personas que denunciaron ser víctimas de atropellos y haber sido violentados sus derechos fundamentales por agentes estatales. Dichas resoluciones, además, son extensivas a todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias que las denunciantes.
Es necesario señalar que el presidente no aclaró en su amenazador tuit que existen regulaciones para hacer uso de la “fuerza letal” establecidas en el derecho interno y el derecho internacional. Estas se encuentran determinadas en la Ley Orgánica de la PNC, en el Marco conceptual para el uso de la fuerza y el empleo de armas letales en la PNC, en los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por citar algunas normativas precisas. Son normas claras y detalladas que deben ser conocidas y respetadas por los agentes estatales; también por la ciudadanía.
Pero, además, el presidente Bukele agregó que su Gobierno “se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada”. Preocupa que esta afirmación fomente la impunidad e incite a la población civil a ejercer la violencia letal contra otros ciudadanos.
Las organizaciones firmantes consideran que no se puede seguir pisoteando lo poco construido de un Estado de derecho democrático después de una guerra larga, cruenta y cruel finalizada hace casi tres décadas. No es momento para incitar a la violencia, profundizar el miedo entre la población y generar anarquía. Lo actuado por el presidente Bukele, es una amenaza a la democracia salvadoreña, por lo que la sociedad salvadoreña debe demandar se corrija la actuación gubernamental y el rumbo de su respuesta a la pandemia.
No solo organizaciones nacionales sino también internacionales −como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos− han denunciado el manejo policial y represivo para enfrenar esta crisis en lugar de privilegiar un enfoque centrado en la ciencia, la medicina y los derechos humanos Ante eso se han realizado llamados a la cordura, al respeto de los derechos humanos y a la vida democrática.
Las organizaciones y personas firmantes del presente pronunciamiento se suman a esas denuncias y a esos llamados. Es necesario que la actual situación se aborde desde una perspectiva de salud pública, con el apoyo de expertos en medicina y otras ciencias; no desde un enfoque represivo y militarista. Por lo anteriormente expuesto, exhortan al presidente Bukele a que rectifique su actuar.
San Salvador, El Salvador, martes 28 de abril del 2020.
Firman:
- Ada Salazar, veterana de guerra (El Salvador)
- Alianza Américas (Estados Unidos)
- Anabella Sibrián, defensora de derechos humanos (Guatemala)
- Ana Lidia Rivera, veterana de guerra (El Salvador)
- Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED, El Salvador)
- Asociación Pop No’j (Guatemala)
- Asylum Access (México)
- Carolina Chicas, veterana de guerra (El Salvador)
- Casa Alianza (Honduras)
- Casa del Migrante Scalabrinianos (El Salvador)
- Casa del Migrante Scalabrinianos (Guatemala)
- Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (México)
- Centro de Derechos Laborales (Costa Rica)
- Formación y Capacitación A.C. (México)
- Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Oficina El Salvador)
- Fundación Roque Dalton (FRD, El Salvador)
- Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)
- Kaltsilaltik A.C. (México)
- “La 72”, Hogar – Refugio para Personas Migrantes (México)
- Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI, El Salvador)
- Margarita Vega, veterana de guerra (El Salvador)
- Marisol Galindo, veterana de guerra (El Salvador)
- Néstor Fantini, coeditor de HispanicLA.com, National Association of Hispanic Journalists (Estados Unidos)
- O Istmo – Articulación Centroamericanista
- Procesos integrales para la Autogestión de los Pueblos, A.C. (PIAP, México)
- Proyecto Víctimas Demandantes (VIDAS, El Salvador)
- Red Jesuita con Migrantes (Centroamérica)
- Red Nacional Salvadoreña en el Exterior (RENASE-Estados Unidos)
- Red de Protección, Migración y Refugio (Mesoamérica)
- Scalabrini Internartional Network (SIMN)
- Servicio Social Pasionistas (El Salvador)
- Soleterre (El Salvador)
- Víctor Flores, periodista salvadoreño radicado en México
