No podemos permitir que la tragedia ocurrida ayer en el cantón de Los Chiles, frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, se convierta en un suceso noticioso pasajero. Lo acontecido es una expresión más de una realidad desgarradora que no suele ser vista en todas sus dimensiones. Al parecer, somos incapaces de poner en el centro la defensa y la protección de los derechos humanos. Somos incapaces de apostar por lo mejor de nuestra humanidad y no por las acciones represivas que agobian a tantas personas que sufren.

La muerte de una madre y su pequeña hija, no sólo enluta a una familia ecuatoriana, sino que evidencia el entorno hostil y peligroso en el que se desplazan miles de personas que transitan por Costa Rica, rumbo a Estados Unidos.

El Estado costarricense está en la obligación de actuar para reducir las innumerables vulnerabilidades que padecen quienes emprenden la travesía migratoria. No se puede mirar hacia otro lado, no se puede desatender la obligación de identificar y traer a la justicia a los grupos criminales que ponen en mayor riesgo a las familias que se movilizan.

La desesperación, la desinformación y el miedo a ser capturadas o interpeladas por agentes policiales obliga a miles de migrantes a tomar rutas riesgosas, someterse a extorsiones y cobros abusivos. Cientos de familias se movilizan en transportes inseguros, mientras las redes de trata y tráfico de personas aprovechan la inacción de las autoridades y expanden sus tentáculos.

Las organizaciones de sociedad civil, basadas en la Fe, comunitarias y otras instancias estamos llamadas a demandar protección para las personas migrantes en tránsito. Nos corresponde exigir que se asuma la responsabilidad de frenar la operación de las agrupaciones delictivas que actúan a vista y paciencia en las comunidades fronterizas, sacando provecho de las necesidades y angustias de la gente que está intentando avanzar hacia el norte del continente.

Además, los medios de comunicación social en Costa Rica tienen una enorme deuda. La falta de análisis profundos y exhaustivos sobre lo que está pasando en los puntos de paso de las personas migrantes, en las fronteras, el papel de las autoridades, las decisiones políticas de la administración de gobierno, el poder de las redes criminales, el desamparo de niños, niñas, mujeres y hombres que resisten vejaciones de toda índole, no es prioridad en el tratamiento periodístico serio que toda la ciudadanía merece.

Es hora de preguntarnos: ¿a quiénes hay que perseguir y detener? ¿son las personas forzadas a huir de sus países las que deben soportar todo el rigor policial o militar en los países que transitan? ¿estamos siendo las organizaciones lo suficientemente oportunas y valientes a la hora de denunciar las barbaridades que se cometen contra todas estas personas?

En lo que no tenemos dudas es que jamás será una decisión libre para ninguna persona perder la vida en la ruta migratoria, pero sí debe ser una decisión estatal justa y urgente anticipar riesgos, señalar responsables y decantarse por un tratamiento de las crisis migratorias que coloque los derechos humanos como prioridad, por encima de cualquier otro interés.

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
San José, Costa Rica
29 de febrero 2024